Hungría impone un estricto control sobre la encriptación de transacciones: la pena máxima puede ser de 8 años de prisión, lo que genera preocupaciones en la industria.
Nueva regulación de encriptación en Hungría genera controversia: las transacciones podrían enfrentarse a sanciones penales
Hungría ha implementado recientemente una nueva normativa que adopta una actitud severa hacia las actividades de encriptación, convirtiéndose en uno de los países con las restricciones más estrictas dentro de la Unión Europea para este tipo de transacciones. Las nuevas regulaciones consideran las transacciones de encriptación no autorizadas como un comportamiento delictivo potencial, con penas de hasta 8 años de prisión, lo que ha generado un gran impacto en la industria de tecnología financiera.
Según la nueva ley que entró en vigor el 1 de julio, el Código Penal de Hungría ha añadido los delitos de "abuso de activos encriptados" y "ofrecer servicios de intercambio de activos encriptados no autorizados". Cualquier persona que realice transacciones de criptomonedas en plataformas no autorizadas puede ser condenada a hasta 2 años de prisión. Si el monto de la transacción excede aproximadamente 140,000 dólares, la pena puede llegar a 3 años; si supera 10 veces esta cantidad, podría enfrentar 5 años de prisión. Para los proveedores de servicios que operan sin la aprobación del gobierno, las sanciones son aún más severas, con un máximo de 8 años de prisión.
Este repentino cambio legal ha dejado a muchos inversores en una situación difícil. Se informa que alrededor de 500,000 ciudadanos húngaros utilizan ingresos legales para invertir en encriptación, pero bajo las nuevas regulaciones, podrían enfrentar cargos criminales por actividades de encriptación pasadas o en curso. Un experto de la industria ha señalado que los usuarios comunes podrían enfrentarse al riesgo de ser procesados simplemente por gestionar sus inversiones diarias, y debido a la falta de directrices claras de cumplimiento, nadie sabe cómo adherirse a estas nuevas regulaciones.
La nueva ley requiere que todas las transacciones de encriptación, ya sea que se intercambien tokens por moneda fiduciaria o por otros tokens, deben ser revisadas por un "verificador" autorizado y obtener un certificado de conformidad. Las transacciones que no cuenten con este certificado se considerarán inválidas y los participantes podrían enfrentar sanciones penales. Aunque la ley menciona que las transacciones por debajo de ciertos umbrales pueden estar exentas, los criterios específicos aún no se han publicado.
La incertidumbre legal ha llevado a algunos actores principales del mercado a suspender sus operaciones en Hungría. Por ejemplo, el banco emergente Revolut, con sede en Londres, anunció la suspensión de todos sus servicios de encriptación en Hungría, afectando a más de 2 millones de usuarios. Aunque los usuarios aún pueden transferir sus activos encriptados existentes a billeteras externas, los servicios de compra, recarga y staking han sido completamente congelados.
El momento de la represión de Hungría contra la encriptación es bastante especial, ya que el marco regulatorio MiCA de la UE también entró en vigor el mismo día. MiCA tiene como objetivo establecer un marco legal unificado para el mercado de encriptación en toda la UE, y varios países miembros optaron por posponer su implementación para asegurar una transición suave. Sin embargo, Hungría ha adoptado una postura más agresiva.
Los analistas señalan que esta medida de Hungría podría generar una gran incertidumbre legal y afectar la innovación en tecnología financiera. Al mismo tiempo, esto podría llevar a una situación contradictoria: las plataformas extranjeras podrían continuar prestando servicios a los clientes húngaros sin enfrentar prácticamente consecuencias, mientras que las empresas locales podrían ser demandadas.
El banco central de Hungría ha reforzado aún más esta tendencia restrictiva, anunciando que la encriptación queda excluida de las reservas oficiales, argumentando su gran volatilidad y la falta de regulación clara. El banco central enfatizó la importancia de la estabilidad y confiabilidad de los activos de reserva, reafirmando su preferencia por activos tradicionales como el oro y las monedas fiduciarias.
Con la Autoridad de Supervisión Financiera de Hungría (SZTFH) teniendo 60 días para establecer mecanismos de aplicación y cumplimiento, la industria está observando de cerca el desarrollo de la situación, con la esperanza de obtener directrices claras lo antes posible.
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TheMemefather
· 08-01 11:16
¿No son estas sanciones demasiado severas...?
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CryptoGoldmine
· 07-29 20:50
La potencia computacional se ha extendido a 6 países, con ingresos acumulados de minería que superan los 2 millones de u. Actualmente, se observa que el ROI del costo de potencia computacional en la UE es claramente alto.
Hungría impone un estricto control sobre la encriptación de transacciones: la pena máxima puede ser de 8 años de prisión, lo que genera preocupaciones en la industria.
Nueva regulación de encriptación en Hungría genera controversia: las transacciones podrían enfrentarse a sanciones penales
Hungría ha implementado recientemente una nueva normativa que adopta una actitud severa hacia las actividades de encriptación, convirtiéndose en uno de los países con las restricciones más estrictas dentro de la Unión Europea para este tipo de transacciones. Las nuevas regulaciones consideran las transacciones de encriptación no autorizadas como un comportamiento delictivo potencial, con penas de hasta 8 años de prisión, lo que ha generado un gran impacto en la industria de tecnología financiera.
Según la nueva ley que entró en vigor el 1 de julio, el Código Penal de Hungría ha añadido los delitos de "abuso de activos encriptados" y "ofrecer servicios de intercambio de activos encriptados no autorizados". Cualquier persona que realice transacciones de criptomonedas en plataformas no autorizadas puede ser condenada a hasta 2 años de prisión. Si el monto de la transacción excede aproximadamente 140,000 dólares, la pena puede llegar a 3 años; si supera 10 veces esta cantidad, podría enfrentar 5 años de prisión. Para los proveedores de servicios que operan sin la aprobación del gobierno, las sanciones son aún más severas, con un máximo de 8 años de prisión.
Este repentino cambio legal ha dejado a muchos inversores en una situación difícil. Se informa que alrededor de 500,000 ciudadanos húngaros utilizan ingresos legales para invertir en encriptación, pero bajo las nuevas regulaciones, podrían enfrentar cargos criminales por actividades de encriptación pasadas o en curso. Un experto de la industria ha señalado que los usuarios comunes podrían enfrentarse al riesgo de ser procesados simplemente por gestionar sus inversiones diarias, y debido a la falta de directrices claras de cumplimiento, nadie sabe cómo adherirse a estas nuevas regulaciones.
La nueva ley requiere que todas las transacciones de encriptación, ya sea que se intercambien tokens por moneda fiduciaria o por otros tokens, deben ser revisadas por un "verificador" autorizado y obtener un certificado de conformidad. Las transacciones que no cuenten con este certificado se considerarán inválidas y los participantes podrían enfrentar sanciones penales. Aunque la ley menciona que las transacciones por debajo de ciertos umbrales pueden estar exentas, los criterios específicos aún no se han publicado.
La incertidumbre legal ha llevado a algunos actores principales del mercado a suspender sus operaciones en Hungría. Por ejemplo, el banco emergente Revolut, con sede en Londres, anunció la suspensión de todos sus servicios de encriptación en Hungría, afectando a más de 2 millones de usuarios. Aunque los usuarios aún pueden transferir sus activos encriptados existentes a billeteras externas, los servicios de compra, recarga y staking han sido completamente congelados.
El momento de la represión de Hungría contra la encriptación es bastante especial, ya que el marco regulatorio MiCA de la UE también entró en vigor el mismo día. MiCA tiene como objetivo establecer un marco legal unificado para el mercado de encriptación en toda la UE, y varios países miembros optaron por posponer su implementación para asegurar una transición suave. Sin embargo, Hungría ha adoptado una postura más agresiva.
Los analistas señalan que esta medida de Hungría podría generar una gran incertidumbre legal y afectar la innovación en tecnología financiera. Al mismo tiempo, esto podría llevar a una situación contradictoria: las plataformas extranjeras podrían continuar prestando servicios a los clientes húngaros sin enfrentar prácticamente consecuencias, mientras que las empresas locales podrían ser demandadas.
El banco central de Hungría ha reforzado aún más esta tendencia restrictiva, anunciando que la encriptación queda excluida de las reservas oficiales, argumentando su gran volatilidad y la falta de regulación clara. El banco central enfatizó la importancia de la estabilidad y confiabilidad de los activos de reserva, reafirmando su preferencia por activos tradicionales como el oro y las monedas fiduciarias.
Con la Autoridad de Supervisión Financiera de Hungría (SZTFH) teniendo 60 días para establecer mecanismos de aplicación y cumplimiento, la industria está observando de cerca el desarrollo de la situación, con la esperanza de obtener directrices claras lo antes posible.